¿Se pueden combatir los casos de extorsión incluso la telefónica?¿Que debo hacer?

Antecedente:

Chihuahua, Chih.- El 24 de enero del 2011 concluyó el juicio por extorsión, con la sentencia de 8 años de prisión a Manuel Oswaldo Velázquez Gutiérrez, dictada por un juez de Garantía en el juicio oral abreviado. Este fue el primer caso de extorsión que se resolvió con la aplicación de la reforma de enero del 2010.

El caso sucedió en esta ciudad capital. La víctima fue Francisco Osbaldo Bencomo Rodríguez, quien se animó a interponer su denuncia ante el Ministerio Público, en la cual narró los hechos.

El denunciante es dueño de una tortillería, ubicada en una colonia al norte de la ciudad. En la denuncia narró que el 18 de junio del 2010 le dejaron en su local una cartulina en la que le exigían un pago y amenazaban con matar a su hija, a su mujer y a su suegra.

Cabe señalar que una de las pruebas que el Ministerio Público presentó en su acusación, fue precisamente esa cartulina, la cual transmitía una amenaza de muerte al comerciante, a sus familiares más cercanos, repleta de palabras altisonantes y faltas de ortografía muy marcadas y características en los escritos criminales.

En su testimonio, la víctima relató que no era la primera vez que lo intentaban extorsionar, pues hacía unos meses le habían hablado a su teléfono celular para exigirle una “cuota”, por lo que al recibir la cartulina, habló el mismo 18 de junio al celular de donde habían intentado extorsionarlo y le contestó un hombre que dijo que tenía como 15 días con el celular; sin embargo, Francisco Osbaldo le dijo que quería llegar a un acuerdo.

Señaló la víctima que ese mismo día, aproximadamente a las tres de la tarde, le habló un sujeto a su celular, quien aclaró que era el de la cartulina, le preguntó que si se iba a “acoplar” y le exigió 300 mil pesos, a lo que Francisco Osbaldo le con- testó que sólo le podía conseguir 70 mil pesos, y el sujeto le dijo que tenía que entregar por lo menos la mitad de lo que le pedía, si no quería ver muerta a su familia. El afectado subrayó que ese mismo día su esposa interpuso la denuncia.

Al día siguiente, el 19 de junio, Osbaldo recibió otra llamada del mismo sujeto, quien le preguntó sobre el dinero y al contestarle que todavía no lo tenía, el extorsionador se molestó y le dijo que no quería cooperar y por lo tanto no le iban a dar protección, que a él también lo estaban apurando la gente del grupo criminal que encargó el trabajo y que le iban a “dar en la madre a mi familia”.

El mismo 19 de junio, aproximadamente a las cinco de la tarde, volvió a llamar el mismo sujeto e informó a Francisco Osbaldo que ya había hablado con el jefe de la organización delictiva en Ciudad Juárez y que le iban a dar oportunidad de pagar ese mismo día.

En la narración de los hechos, la víctima también mencionó que un día después los agentes de la Policía Ministerial le sugirieron que dijera que ya tenía el dinero y le informaron que iban a montar un operativo.

La víctima abundó que el 21 de junio, aproximadamente a las doce del día, el extorsionador le volvió a llamar y le preguntó por el dinero, a lo que contestó que ya lo tenía, que le había conseguido 80 mil pesos, por lo que el sujeto le dijo que volvería a hablarle para pactar la entrega y que no se le ocurriera hablar a la policía o “salir con una pendejada”.

Media hora después, el extorsionador le volvió a hablar y Francisco Osbaldo aconsejado por los agentes investigadores le dijo que le iba a entregar el dinero en una bolsa de maseca afuera de la tortillería. La víctima puntualizó que luego de esta llamada el sujeto le habló varias veces con la intención de cambiar el lugar de la entrega, lo cual él no aceptó aclarando que no iba a arriesgar su integridad física.

El mismo 21 de junio, en una última llamada el extorsionador le informó a Francisco Osbaldo que iba a mandar a otro sujeto a recoger el dinero, le aclaró que iría un muchacho vestido con camiseta a rayas, short blanco y huaraches y le reiteró la amenaza de matarlo si hablaba a la policía.

El operativo de detención

Poco tiempo después de la ultima llamada llegó a la tortillería un joven con todas las características que le dio el extorsionador, a quien Francisco Osbaldo le entregó la bolsa con el dinero.

En su testimonial, la víctima aclaró que, por recomendaciones de los agentes investigadores, en el paquete que entregó al joven puso únicamente 100 pesos y el resto era papel periódico.

Como ya se había montado el operativo por parte de la Policía Ministerial, inmediatamente después de que el joven se retiró de la tortillería, fueron detenidos él y otros dos jóvenes.

Como prueba contundente, se tomó en cuenta también el parte informativo elaborado por los agentes de la Policía Ministerial Brenda Juguete Carrillo González, Salvador Eduardo Fierro Díaz, Luis Carlos Carrasco Villarreal, Gerardo Sánchez Chaparro, Francisco Grijalva Martínez, Marely Vianey Ochoa Torres, Gilberto Guerrero Martínez y Paúl Ignacio Gómez Payan, en torno al operativo que se implementó el 21 de junio en la tortillería El Maizal y del cual ellos formaron parte.

En el parte informativo, los agentes ministeriales detallaron que desde que se recibió la denuncia, mantuvieron contacto directo con la víctima y su familia a fin de asesorarlo acerca del protocolo que se seguiría para lograr la detención de alguna persona en flagrancia.

También dentro del mismo informe, precisaron que la víctima contó siempre con asesoría durante la negociación y le indicaron a Francisco Osbaldo que dijera a los extorsionadores que entregaría 80 mil pesos.

Los policías señalaron que el 21 de junio llegaron, discretamente, desde temprano, a la tortillería el Maizal, uno de los agentes permaneció al interior del negocio a efecto de brindar protección a la víctima, al tiempo que recibía algunas llamadas de uno de los extorsionadores, en las cuales acordaron la entrega del dinero.

En el informe, los agentes abundan que ellos orientaron a la víctima para que hiciera un envoltorio simulando la cantidad de 80 mil pesos con periódico y que al interior incluyera únicamente 100 pesos, los cuales se pusieron en un costal de maseca.

Como parte del operativo, los agentes ministeriales vigilaron las calles aledañas al domicilio, estuvieron al tanto de la negociación y de las señas del joven que recogería el dinero.

Fue aproximadamente a las 14:00 horas, cuando los agentes observa- ron que a unos metros de la tortillería se detuvo un vehículo Nissan Tsuru, de color guinda, con tres sujetos, de donde bajaron dos jóvenes, uno de ellos con la vestimenta que se había anticipado y quien entró a la tortillería, y el otro se quedó vigilan- do afuera.

Al salir el joven con el costal que le dio la víctima, los dos abordaron el Tsuru guinda, al interior del cual los esperaba otro joven, quien conducía. En ese momento los agentes interceptaron el vehículo y detuvieron en agracia a Manuel Oswaldo

Velázquez Gutiérrez, quien conducía el auto, Jesús José Sánchez, quien ingresó al negocio a recoger el dinero, y a Erick García Domínguez, quien se quedó vigilando desde afuera de la tortillería.

Los mismos agentes procedieron a asegurar el vehículo, mismo que resultó con reporte de robo del 2 de junio del 2010 en ciudad Delicias, Chihuahua, por Jesús Antonio Escárcega Garibay.

El Juicio

El 23 de junio del 2010 se realizó ante un juez de Garantía la audiencia de formulación de la imputación, y el 28 de junio del mismo año, la vinculación a proceso en contra de los tres imputados, por el delito de extorsión, así como el innominado previsto en el artículo 212 Bis, en las fracciones VI y VII del Código Penal del Estado, que estipulan como delito, en la fracción VI, detentar o poseer un vehículo robado y, en la fracción VII, que con dicho vehículo se cometa otro delito doloso.

Otra de las pruebas de la Fiscalía fue la declaración de Claudia Ruiz Rosales, concubina de Francisco Osbaldo Bencomo, quien precisó que desde el 26 de abril del 2010 ella y su pareja acudieron a la Unidad de Delitos Patrimoniales a poner reporte de extorsión, por las primeras llamadas que recibieron, y que para el mes de febrero recibieron una cartulina que traía la leyenda “nos equivocamos de maizal sigues tu” a la cual no le dieron importancia.

Claudia Ruiz se refirió también a la cartulina que dejaron en la tortillería el 17 de junio, coincidiendo su declaración con la de la víctima.

El Ministerio Público incluyó, además, los testimonios de dos trabajadores de la tortillería El Maizal, Ricardo Araujo Salinas y Patricia Pa- checo Castillo. El primero de ellos, quien se desempaña como repartidor de la tortillería, dijo que el jueves 17 de junio como a las cinco de la mañana, hora a la que entró a trabajar, encontró la cartulina con el mensaje de amenaza a su jefe Francisco Osbaldo Bencomo con dañar a su familia. Mencionó que al momento de recoger la cartulina lo acompañaban otras dos trabajadoras de la tortillería, Patricia Pacheco y Julia Pacheco, quienes también vieron la leyenda que venía impresa.

La declaración testimonial de Patricia Pacheco fue concordante con la de Ricardo Araujo, y además señaló que su hermana Julia Pacheco fue quien avisó por celular a Claudia Ruiz sobre la cartulina, quien acudió a recogerla y les aseguró que no pasaba nada, que no tuvieran miedo.

Entre otras pruebas documentales que aportó la Fiscalía, está un oficio del Departamento de Antecedentes Penales de la entonces Subprocuraduría Zona Centro (ahora Fiscalía en Investigación y Persecución de Delitos Zona Centro), en el cual se informa que Manuel Oswaldo Velázquez Gutiérrez tiene un antecedente penal, pues en el 2008 se le sentenció como responsable del homicidio imprudencial en perjuicio de Pedro Reyes Bonilla.

La parte acusadora presentó también la documental de la denuncia de robo del vehículo que los extorsionadores utilizaron para cometer el delito.

Cabe mencionar que, por disposición judicial, se sobreseyó la causa respecto de las acusaciones en contra de Jesús José Sánchez y Erick García Domínguez, pues los dos imputados fallecieron ahorcados en el Centro de Reinserción Social de Aquiles Serdán apenas una semana después de haber sido internados, noticia que trascendió en diversos periódicos locales.

Finalmente, el 24 de enero del 2011 la causa penal número 1261/2010 se llevó a un procedimiento especial abreviado a cargo de la jueza de Garantía, Martha Elvira Holguín, quien encontró culpable a Manuel Oswaldo Velázquez Gutiérrez por los delitos de extorsión y el previsto en el artículo 212 Bis en sus fracciones VI y VII, por lo que le impuso 4 años por el primer delito, y otros 4 años por el segundo, pena que se acumuló a 8 años de prisión y por lo tanto sin derecho al beneficio de la libertad condicional.

Una visión total

Las estadísticas indican que hasta el 2007 la comisión del delito de extorsión no representaba un problema para la autoridad encargada de su persecución, pues ese año se registraron un total de 425 llamadas de personas que tentativamente habían sido víctimas de este ilícito.

La situación cambió de manera radical a partir del 2008, pues las denuncias de personas que fueron presuntamente extorsionadas subieron a dos mil 32; en el 2009 a dos mil 472 y el registro del 2010 cerró en más de dos mil 500 casos. Es decir, del 2007 al 2010 el índice de tentativas de extorsión subió un 600 por ciento.

“Este comportamiento delictivo nos obligó a hacer una propuesta de política criminal”, puntualiza Humberto Chávez Meléndez, Coordinador de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Especial en Investigación y Persecución del Delito en la Zona Centro, con sede en la capital de Chihuahua.

Como parte de esa nueva política criminal, en enero del 2010 se realizó una reforma al Código Penal del Estado, en su artículo 231, en el cual antes se contemplaba una pena de 2 a 8 años de prisión, para quedar de 4 a 15 años. Mientras que la persecución cambió a oficiosa.

“Originalmente, el delito era de querella, inclusive los extorsiona- dores alcanzaban libertad condicional y todos los beneficios. Como era de querella, deteníamos a los probables responsables, le pagaban a la víctima y ésta otorgaba el perdón y se quedaban sin castigo. Obviamente, que para ellos éste era un buen negocio. Todo esto cambió con la reforma”, explica Chávez Meléndez.

El scal señala que el mayor número de casos que se presentan de este tipo penal, es por la llamada extorsión telefónica, que se hace a través de llamadas desde distintos estados de la República e inclusive, del interior de los reclusorios.

“Es muy difícil la persecución penal de la extorsión telefónica, porque estamos sujetos al secreto bancario y a los comportamientos telefónicos, que muchas veces las llamadas provienen de números privados o piratas o irregulares”, comenta Humberto Chávez.

Para este tipo de extorsión, se ha recurrido a una política de prevención, a través de medios de comunicación, y poniendo a disposición de la población un teléfono las 24 horas, donde se asesora a la gente para que no realice los depósitos.

Otro tipo de extorsión es con la cartulina y la amenaza grotesca, de gente que se presenta en los negocios como miembros de una organización criminal, a veces sin serlo, y solicita la entrega de dinero de manera directa.

“Todos esos casos los hemos detenido en un 90 por ciento, los que no hemos detenido es porque no han ido a recibir el dinero o simplemente se dieron cuenta de que ya había una investigación y desistieron de su propósito”, asegura Chávez Meléndez.

Recientemente, a propuesta del gobernador César Duarte Jáquez, se reformó nuevamente el Código Penal del Estado de Chi- huahua y se implementó la cadena perpetua para los extorsionadores bajo ciertos supuestos.

Artículo 231

A quien por cualquier conducto, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar, omitir o tolerar un acto, en su perjuicio o de algún tercero, se le impondrán de cuatro a quince años de prisión y de cien a ochocientos días de multa.

Se impondrá prisión vitalicia, cuando en la comisión del delito se dé alguna de las siguientes modalidades:

  • I. Intervengan dos o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;
  • II. Se emplee violencia física;
  • III. Se cometa en contra de menor de edad o de persona mayor de setenta años;
  • IV. El sujeto activo del delito sea o haya sido, o se ostente sin serlo, integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las áreas de prevención o persecución de delitos, administración de justicia o reinserción social; así mismo, cuando porte vestimentas o instrumentos de identificación, de los utilizados por integrantes de instituciones de seguridad pública; o tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares;
  • V. Cuando se logre que la víctima o un tercero, entregue alguna cantidad de dinero para evitar el daño con que se amenaza
  • Edición al Español por Jorge Salomon Ackerman Silverstein en Miami Florida.

 

 

 

About the author: Salomon Ackerman Silverstein

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